La licencia Chevron: una apertura petrolera sin transparencia

La Licencia General 41, que permite a Chevron producir y comercializar petróleo venezolano, está en el centro del debate político sobre Venezuela, tanto más luego de la autoproclamación de Nicolás Maduro a resultas de las elecciones del pasado 28 de julio.

Este debate se basa en razones que justifican revocar -o dejar expirar- esta licencia, junto a advertencias de las consecuencias -unas más catastróficas que otras- que tendría la revocatoria de tal licencia. Pero en el medio de este debate -sobre el cual, a decir verdad, poca incidencia tienen los venezolanos- se ha dejado un lado un tema importante: las transformaciones que el llamado modelo Chevron ha tenido en el sector petrolero venezolano, el cual ha sido objeto de una apertura al margen del debate democrático. 

Una licencia controvertida 

Luego de que la legítima voluntad de los electores venezolanos fue secuestrada con la proclamación de Nicolás Maduro al margen de los resultados arrojados en las actas, la licencia a favor de Chevron ha vuelto a estar en el debate político sobre Venezuela. 

Así, diversos congresistas de Estados Unidos han cuestionado la licencia Chevron, y otras licencias individuales, por considerar que las nuevas actividades petroleras financian al Gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que éste ha agravado las violaciones a derechos humanos. El senador Durbin impulsa una propuesta legislativa para detener las inversiones de Estados Unidos en el sector petrolero de Venezuela. 

En contra, algunos han señalado que sería un error volver a la política de máxima presión, pues la revocatoria de la licencia Chevron agravaría la crisis económica en Venezuela y, con ello, la crisis humanitaria y migratoria. 

La oposición venezolana, de acuerdo con una reciente nota periodística, no tiene una posición clara, pues mientras algunos apoyan la reimposición de las sanciones, otros más bien guardan silencio o, en su caso, mantienen su apoyo a las licencias petroleras. En todo caso, en reciente evento en Nueva York, Rafael de la Cruz – del equipo técnico de María Corina Machado y Edmundo González- abogó por la cancelación de la licencia, al considerarla un salvavidas al régimen. 

Del balance de este debate se desprenden dos conclusiones. La primera, es que la licencia Chevron ha beneficiado a la economía en general y, en especial, al Gobierno de Nicolás Maduro, en particular, a través del pago de regalías y del impuesto de extracción, en condiciones opacas, como veremos luego. Revocar la licencia, por ello, tendrá un efecto adverso en la economía y en las finanzas del régimen. La segunda conclusión, es que las condiciones bajo las cuales la licencia fue otorgada se han incumplido, lo que hasta ahora no ha tenido consecuencias. 

En efecto, el Departamento de Estado no justificó la licencia a Chevron en el fracaso de la política de sanciones, o en los efectos económicos adversos de las sanciones. Por el contrario, la licencia fue justificada como parte de los avances en el proceso de negociación en México y en concreto, en la firma del acuerdo humanitario. 

«Este modelo de negocios petroleros no favorece a la democratización de Venezuela, pues se aparta de principios esenciales de transparencia y rendición de cuentas»

Hoy, los acuerdos de México son letra muerta y, como bien se sabe, el acuerdo humanitario nunca se ejecutó. A pesar de que Maduro se ha apartado voluntariamente de las condiciones bajo las cuales la licencia se otorgó, ésta se ha mantenido (al contrario de lo que pasó con la hoy extinta licencia general 44). La licencia Chevron, en resumen, no ha servido para avanzar en la ruta de democratización acordada en México. 

Negocios petroleros sin transparencia

Como el debate se ha centrado en opiniones a favor y en contra de la licencia, hay un aspecto de gran importancia que se ha obviado: la licencia general 41 y, en general, el llamado “modelo Chevron”, ha llevado a realizar negocios petroleros al margen del principio de transparencia y, en realidad, al margen de la Constitución de Venezuela. 

Como expliqué en su momento en este libro, la licencia autorizó a Chevron a producir y exportar petróleo. Pero hay un pequeño detalle: de conformidad con la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Chevron no puede ni producir ni comercializar petróleo, pues estas actividades son exclusivas de PDVSA, directamente o por medio de las empresas mixtas que deben obrar bajo su control. 

Pero PDVSA no tiene capacidad para conducir las actividades petroleras y, por ello, desde el 2018, ha cedido a firmas privadas derechos de producción y comercialización mediante contratos de servicios. 

Estos contratos fueron luego ampliados al amparo de la inconstitucional Ley Anti-Bloqueo, que básicamente permite a Maduro celebrar cualquier contrato sin cumplir con los mandatos constitucionales y legales, bajo un manto de confidencialidad. Esta Ley es el fundamento del llamado contrato de participación productiva o CPP. La firma de abogados Dentons, que asesora al Gobierno de Maduro, ha informado, por ejemplo, la celebración de este tipo de contrato con base en licencias individuales otorgadas por el Gobierno de Estados Unidos. 

El resultado es el llamado “modelo Chevron”, contratos que, basados en licencias generales o individuales, ceden derechos petroleros al socio minoritario de empresas mixtas al amparo de la Ley Anti-Bloqueo. 

Más allá del debate sobre la conveniencia de las licencias petroleras emitidas por la OFAC, lo cierto es que este modelo de negocios petroleros no favorece a la democratización de Venezuela, pues se aparta de principios esenciales de transparencia y rendición de cuentas, en virtud del manto de confidencialidad que deriva de la Ley Antibloqueo. 

En especial, no existe información pública sobre el porcentaje del ingreso petrolero que Maduro está captando. La licencia general 41 expresamente prohíbe el pago de regalías e impuestos al Gobierno de Venezuela, lo que por supuesto, violaría la Constitución. Pero de acuerdo con los medios, de alguna manera, Chevron logró vías para pagar, al menos, la regalía y el impuesto de extracción, quizás por cuanto los pagos se efectúan en bolívares, y no en dólares. En realidad, quien debe pagar estos conceptos es la empresa mixta, pero como la operación se cedió a Chevron, en el fondo, la regalía e impuesto se paga con el producto de las exportaciones que Chevron hace. 

La ausencia de transparencia es especialmente importante, por la naturaleza extractiva del negocio petrolero. Esto ha llevado a crear la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas,  de la cual, por cierto, Chevron se salió en 2023. 

La falta de transparencia es especialmente grave si tomamos en cuenta que Venezuela es considerado como uno de los países más corruptos del mundo. Como la Misión de Determinación de los Hechos designada por el Consejo de Derechos Humanos ha concluido, existe un claro vínculo entre corrupción y las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Gobierno de Venezuela. Esto refleja la importancia de ahondar en el estudio de la relación entre las empresas privadas y los derechos humanos en Venezuela. 

Vale aclarar que mi crítica no se dirige hacia el rol de la empresa privada en el sector de los hidrocarburos. Antes he escrito sobre la privatización del petróleo, y la necesidad de abrir el sector a la inversión privada, fortaleciendo el rol regulador del Estado. Mi crítica apunta hacia lo que considero es una privatización de facto, en la cual los negocios petroleros se están conduciendo al margen de la Constitución. 

Mientras la atención se ha centrado en el debate a favor y en contra de las licencias -lo que, en suma, responde a una decisión soberana de Estados Unidos- el debate sobre la falta de transparencia de la “apertura petrolera” promovida a través del modelo Chevron ha quedado completamente al margen. 

No basta, así, con invocar los efectos económicos favorables del modelo Chevron, sin tomar en cuenta el costo social de esos efectos, en términos de transparencia y derechos humanos. La discusión de fondo debe apuntar hacia la crítica al nuevo modelo institucional del petróleo, que incumple estándares ambientales, sociales y de gobernanza, y no abona por una relación armónica entre las empresas y los derechos humanos.