Venezuela: el fraude de Maduro y el futuro de la democracia

En Venezuela, desde las elecciones primarias del 22 de octubre de 2023 se fueron conjugando una serie de factores, que nuevamente abrieron una ventana de oportunidades para el cambio político. La ciudadanía pasaría, a partir de entonces, de un escepticismo generalizado sobre los políticos, la política y la capacidad de ella misma de generar un movimiento transformador de la realidad, a un discreto optimismo y empoderamiento. Un movimiento social electoral fue surgiendo y tuvo su primer triunfo el 28 de julio de 2024, día de la votación para elegir al próximo presidente de la República. Ese día, esa ciudadanía esperanzada y cautelosamente contenta, salió masivamente a cumplir su parte en una estrategia política elaborada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la estructura paraguas compuesta por decenas de partidos de oposición y sectores de la sociedad civil. Desde 2021 la PUD había tomado la decisión de utilizar la ruta electoral para alcanzar el cambio político. 

La jornada de votación culminó con un triunfo histórico de los factores de la oposición. Sin embargo, un fraude monumental planificado por el gobierno arrebató la victoria. El rector presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, después de horas de retraso y silencio, anunció que con 80% de las actas escrutadas y una tendencia “irreversible”, Nicolás Maduro había vencido.

En este ensayo primero ordeno cronológicamente los más importantes hitos del proceso sociopolítico desde la coyuntura abierta por las elecciones primarias hasta la campaña electoral. Luego, describo características de dicha campaña. Tercero, reviso los sucesos del día 28 de julio, día de la votación. Cuarto, presento los cómputos del CNE y de la Plataforma activada por la PUD, así como evidencias que dan cuenta del fraude fraguado por el CNE. En quinto lugar, señalo la estrategia que ahora desarrolla la PUD, acompañada por los pronunciamientos destacados de actores internacionales y sus gestiones para que Nicolás Maduro se avenga a negociar una transición democrática. Finalizo con mi análisis de la situación actual y reflexiones sobre el significado de esta lucha que sostienen la ciudadanía y los actores políticos y sociales de Venezuela.

1. De las primarias a la candidatura de Edmundo González Urrutia

Fallida la estrategia opositora liderada por el diputado Juan Guaidó, nombrado como presidente encargado y luego como presidente interino por la Asamblea Nacional entre 2019 y 2022, las fuerzas opositoras principales de la PUD – Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT), Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP)-  retomaron la ruta electoral como estrategia política para alcanzar el objetivo de siempre: desplazar del poder al dictador Nicolás Maduro y su coalición dominante, que lidera el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En mayo de 2022, antes de finalizar el interinato de Guaidó, esos cuatro partidos lograron, además de respaldar una estrategia electoral, aprobar el mecanismo de unas elecciones primarias para escoger a su candidato presidencial de 2024, el año pautado por la Constitución para esa elección. Para conducir ese proceso, el 22 de noviembre designaron una Comisión de Primarias presidida por el abogado y profesor universitario Jesús María Casal. Todos los integrantes de la Comisión, siendo opositores, eran políticamente independientes.

La Comisión logró remontar múltiples obstáculos para cumplir con su tarea. No sólo los esperados provenientes del régimen autoritario de Maduro, sino incluso dentro de las mismas organizaciones políticas opositoras, pues algunas no estaban convencidas de las bondades de este mecanismo y/o ponían condiciones para su participación en él. Manuel Rosales, de UNT, gobernador del Zulia y una figura importante por su trayectoria política y relaciones cordiales con Maduro, por ejemplo, no se inscribió en la carrera primaria. Henrique Capriles Radonski, principal figura presidencial de PJ se inscribió y luego se retiró, alegando su condición de inhabilitado. María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela (VV), uno de los partidos más frontales al gobierno e incluso tradicionalmente crítica a los demás partidos, por el contrario, decidió participar en la carrera, aún y cuando también había sido, como Capriles, inhabilitada por la Contraloría General de la República, una rama del poder público subordinada al Ejecutivo Nacional, como lo están todas en Venezuela. La Comisión, sin embargo, aceptó registrar estas dos candidaturas inhabilitadas por considerar que el proceso que les retiró sus derechos políticos era inconstitucional.

La Comisión, una vez que publicó sus normas y calendario electoral, se mantuvo firme en su compromiso de cumplirlas. Por esta razón, toda la logística del proceso de las primarias tuvo que hacerse sin el auxilio del Consejo Nacional Electoral (CNE), pues la solicitud de apoyo que se elevó a esa institución tardó meses en ser contestada. Esto debido a que el oficialismo resolvió cambiar la composición del Poder Electoral, como parte de su estrategia para garantizarse condiciones favorables con cara a las presidenciales. Estos detalles no son menores porque, tanto la decisión de aceptar candidaturas inhabilitadas, como la de no modificar las fechas del calendario electoral a instancia del CNE, como condición para apoyar este proceso, fueron mensajes recibidos por la ciudadanía como prueba de que actuaba con independencia. 

El 22 de octubre de 2023, sorprendiendo a muchos, una nutrida porción de la ciudadanía acudió a participar en la votación. La consulta se realizó, tanto en Venezuela como en 29 países y 77 ciudades del extranjero. Los resultados dieron una contundente victoria a la exdiputada Maria Corina Machado (MCM). Con una participación de más de dos millones y medio de venezolanos, ella obtuvo más del 92% de los votos. Los venezolanos iniciaban la recuperación de su autoestima, así como de la confianza en el poder de su voto para transformar la penosa realidad.

A partir de ese día, María Corina Machado (MCM) comenzó con sus equipos de asesoría una campaña interna y externa de consultas y propaganda, iniciando una prolífica red de apoyos que no dejaría desde entonces en crecer. Sin embargo, desde que se supo este resultado, los altos funcionarios y todo el aparato de propaganda del gobierno de Maduro hicieron saber repetidamente que nunca admitirían su inscripción para los comicios presidenciales del 2024 alegando su condición de inhabilitada. Entre el 25 de marzo de 2024, fecha límite para inscribir candidaturas y el 19 de abril, fecha límite para hacer cambios en las candidaturas registradas, entre negociaciones intrapartidos de oposición y con el gobierno, y ante la imposibilidad de registrar a MCM e incluso a una sustituta a quien ella endosó, la profesora Corina Yoris, emergió como candidato de la oposición Edmundo González Urrutia.  Él es un ex embajador independiente, desconocido para casi todos, pero quien tenía la representación de la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Esta tarjeta era una de las pocas opositoras que podía participar en los comicios. Manuel Rosales (UNT), quien fue inscrito por su partido ese 25 de marzo, ante reales posibilidades de un escenario de vacío de candidaturas de la oposición, renunció a su postulación y respaldó a González Urrutia. Lo mismo hizo MCM. Otros 9 candidatos se inscribieron, pero exceptuando a Maduro, serían poco relevantes en términos de su capacidad de competir. Algunos son opositores con independencia del gobierno, como Enrique Márquez del partido Centrados, o Antonio Ecarri del partido Lápiz, pero los demás suelen reconocer la hegemonía de Maduro y el PSUV.

2. La campaña

Ha sido característica consolidada en Venezuela, que las campañas electorales no obedezcan a ningún patrón de democracia liberal. No son ni equitativas, ni justas, ni transparentes. Desde las administraciones de Hugo Chávez se fue debilitando esta institución, y con Maduro, esta tendencia se profundizó aún más. No obstante, el proceso electoral presidencial del 28 de julio de 2024 puede considerarse un nuevo récord en lo referido a inequidades, abusos de poder, violaciones a la constitución, las leyes y las normas electorales, y los DDHH básicos, civiles y políticos de la población.

Aunque oficialmente la campaña sólo duraría 24 días, iniciándose formalmente el 4 de julio de 2024, en abril, después del cierre del período de inscripción de los candidatos, estos salieron a recorrer el país. 

La campaña oficialista mantuvo sus ya consuetudinarias estrategias, como la de dividir, perseguir, amedrentar y encarcelar a dirigentes de partidos opositores e intervenir judicialmente para remover directivas de partidos opositores y sustituirlas con personas que lo apoyen dentro de esos partidos. Al destituir a las legítimas autoridades de esos partidos, el oficialismo usa sus tarjetas como opciones adicionales para apoyar a Maduro en el tarjetón electoral, buscando aprovechar la confusión de simpatizantes opositores. En la segunda quincena de marzo, al impartir un tribunal órdenes de detención contra seis personas, asesores y del comando mayor de MCM, estos pidieron asilo en la embajada de Argentina. El gobierno desde entonces no les ha otorgado el salvoconducto necesario para salir del país. El comando de MCM denunció, además, el apresamiento de 8 miembros de la campaña de la PUD en distintas partes del país, además de unos cien simpatizantes de la candidatura de González Urrutia. 

El uso ilegal de los dineros y bienes públicos para pagar la propaganda del candidato Maduro, movilizar y entretener a sus circuitos clientelares, colgar propaganda en edificios públicos, usar el transporte de las distintas instituciones del Estado para movilizar empleados para las concentraciones y marchas, son, entre otros, mecanismos también normalizados en las campañas oficialistas. 

El control sobre los medios de comunicación de señal abierta se hizo incluso, si cabe, más severo que en campañas anteriores. Esos espacios sirven solamente para campañas de información y propaganda oficial y desde ellos el gobierno difunde todo tipo de fake news y construye realidades ficticias. Los políticos opositores sólo aparecen para ser estigmatizados. Como señaló el director de la ONG Espacio Público: «Es evidente un patrón sistemático y una política estatal contradictoria con la libertad de expresión. Incluso, algunos de los cierres de los medios se producen después que entrevistan a un candidato o miembro de la oposición”. Calcula en más de 400 los medios que han cerrado en los últimos 20 años. También registró el bloqueo a medios digitales e internacionales, siendo el más reciente el de la Deutsche Welle. Durante el período de campaña, se bloquearon otros doce medios digitales más.

Otro elemento usual ha sido la estrategia de controlar los centros de votación. Tratando de desmotivar el voto opositor se crearon más de mil nuevos centros, la mayoría de ellos de una o dos mesas, con un promedio de 300 electores, donde el control del gobierno sobre los votantes pudiera tener éxito. Casi todos ubicados en sitios que el gobierno consideró lugares hostiles o de difícil acceso para miembros y testigos de mesa de la oposición: cuarteles, instalaciones de diferentes misiones, áreas en control de paramilitares, o de reconocida violencia, etc. 

Otro mecanismo ha sido el de cambiar a los electores a otros centros de votación para desincentivar el ejercicio del derecho al voto. En algunos casos, el CNE los mudaba a otros municipios y aún otros estados, sin previo aviso. Y la más certera para promover una alta abstención, fue el cúmulo de obstáculos creados por el gobierno de Maduro para impedir a los venezolanos fuera de Venezuela votar en estos comicios. Cálculos de varias encuestadoras (Delphos, Datanálisis), sitúan la cifra por encima de tres millones y medio de ciudadanos, que se vieron despojados de su derecho a votar debido a la casi imposibilidad de cumplir con requisitos que imponían los consulados para registrar sus direcciones en el exterior. También, al no existir relaciones con EE.UU y Canadá, la numerosa comunidad de venezolanos allí se vio despojada de su derecho ciudadano.

La campaña de la PUD y su candidato González Urrutia, por su parte, fue intensa y si se quiere singular. Fue liderada por MCM y sus equipos, como lideresa de la oposición. Ella anunció desde el mes de enero un plan organizativo para asegurar la participación ciudadana y la defensa del voto opositor. El Plan 600K consistiría en el reclutamiento de unos 600.000 ciudadanos que asegurarían la defensa del voto a través de unos comanditos. Estas serían unidades organizativas en todo el país y en el exterior, encargados de informar, apoyar, movilizar, proteger y todo lo que hiciera falta para que en el día de votación nadie quedara sin ejercer ese derecho y se salvaguardaran los resultados. Los comanditos estaban particularmente enfocados en garantizar la participación de los amplios sectores populares del país. A inicios de julio, MCM aseguró que se habían creado más de 58.300 comanditos en todo el país, cada uno compuesto por unos diez ciudadanos. 

La adversidad del escenario para la oposición, más la penuria de dinero, hizo que la campaña electoral de la PUD fuese principalmente presencial. Giras por todo el país, y profusión de mensajes por las redes sociales fueron las actividades principales. El candidato González Urrutia se incorporó a la campaña a mediados de mayo.

El cúmulo de obstáculos que el gobierno de Maduro colocó reiteradamente a las giras de MCM, convirtió a la dirigente de Vente Venezuela en una especie de heroína o santa de una cruzada épica. El gobierno ordenó el bloqueo a puentes o carreteras en un intento de abortar que ella y el candidato González Urrutia llegaran a las manifestaciones de apoyo que se convocaron en pueblos y ciudades. Dejaba sin suministro las estaciones de gasolina, confiscó toda una gama de bienes privados a cualquiera que colaborase con ellos. A una señora, que vendía empanadas en su humilde quiosco, le cerraron el negocio por vender desayunos a MCM y su equipo; a otros les confiscaron las motos y otros vehículos de trabajo, a los hoteles los multaban y clausuraban por un mes, cerraban comercios e incluso confiscaron un caballo que alguien prestó a MCM para que pudiera llegar a un mitin.

Nada de esto pareció amilanar ni a la lideresa, ni a los venezolanos y en los últimos días de la campaña las redes sociales reflejaban grandes multitudes saliendo emotivamente al encuentro de la dupla González Urrutia-MCM. Ella se fue transformando en un fenómeno carismático análogo al fenómeno que vivimos en 1998, cuando emergió Hugo Chávez Frías como candidato del Polo Patriótico. Incluso, Henrique Capriles Radonski, también en sus campañas de 2012 y 2013 como candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) se cubrió de este carisma mesiánico.

3. Veintiocho de julio: la PUD denuncia fraude masivo y la gente toma las calles

La mañana del domingo 28 de julio pareció presagiar un día de votación ejemplar. La ciudadanía amaneció rauda y lista para desempeñar el protagonismo que la ocasión ameritaba. Hubo incluso colas frente a los centros de votación la noche antes, buscando la gente asegurar su voto contra cualquier imprevisto. Hubo, como siempre, situaciones irregulares: algunos centros que no abrieron a tiempo, o que presentaban puntos partidistas en sus cercanías; desavenencias entre parcialidades políticas, algún pleito, lo usual.  Pero, en general, transcurrieron horas apacibles, y los observadores nacionales y periodistas dieron cuenta hasta pasado el mediodía, que todo transcurría en paz y civilidad.

No obstante, dos sucesos llamaron la atención. Un Maduro demacrado se presentó a su centro de votación a las 6.00 am y la cobertura periodística fue mínima. Nunca había pasado que un candidato importante no quisiera dejarse ver ese día. El otro fue una situación irregular que se presentó en el pueblo de la Colonia Tovar, estado Aragua, que fue como el anticipo de lo que sucedería en la tarde, cuando entró a funcionar la maquinaria del fraude. Gente de la Colonia denunció que en un centro no querían dejar pasar a los miembros de mesa y testigos opositores, y les amenazaron con que no les darían copia de las actas, un derecho por ley. Hubo disparos al aire de los soldados del Plan República y golpes entre ciudadanos de parcialidades políticas confrontadas, pero pareció más bien un hecho aislado. La tarde demostró que no lo era.

«Lo que no previó el gobierno fue la masiva participación de la ciudadanía, que evidenció una voluntad popular firme e inocultable en su anhelo de cambio político»

Hacia las 4.00 pm, Delsa Solórzano, testigo principal de la Plataforma Unitaria Democrática, denunció que el CNE negaba acceso a la Sala de Totalización de dicho Consejo a los tres testigos de la PUD. Les dijeron que vieran los resultados “por televisión”. También se iniciaron por medios de señal abierta declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno: primero Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, asegurando que ese día triunfaría “la paz”, el eslogan de la campaña de Maduro; luego, el general Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa perpetuo, despotricando contra la intervención internacional, el imperio y las encuestas que distorsionaban la realidad. Las endilgó de encuestocracia. Otro, el infaltable Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Todos con una tónica de que viene la paz y se podrá adelantar una nueva etapa de mayor estabilidad y prosperidad. Comenzaba la puesta en escena del oficialismo para construir una narrativa de triunfo.

Al impedir la entrada a la Sala de Totalización del CNE a los testigos principales del candidato González Urrutia, además de violarse lo pautado por la ley, se concretaba también, y una vez más, un rompimiento al llamado Acuerdo de Barbados, donde el gobierno se había comprometido a otorgar garantías electorales a opositores. De esta manera, quedó claro al caer la noche, que el gobierno se movía hacia un control del escrutinio, quizás un fraude si los datos le eran desfavorables. Cerradas las mesas electorales sobrevinieron unas largas horas sin ninguna información y con denuncias y rumores. En esas horas de suspenso se corrió el rumor de haberse producido una suspensión de la transmisión de la data a la Salas de Totalización.

Hacia la medianoche el rector presidente del CNE, Amoroso, en cadena nacional, presentó un primer boletín, donde adjudicaba la victoria a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos (5.150.092 votos) y de segundo a Edmundo González Urrutia con 44,20%, (4.445.978 votos). Amoroso atribuyó el retardo y la suspensión de la transmisión de la data a un “masivo hackeo internacional”. Lo mismo hizo Maduro, que solicitó que la Fiscalía abriera una investigación para determinar los hechos y las responsabilidades. En rueda de prensa al día siguiente el Fiscal General, subordinado a Maduro, Tarek William Saab, aseguró que, según «información clasificada» del gobierno, el hackeo se originó por opositores localizados en Macedonia del Norte con la intención de «adulterar las actas» y «manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE». Responsabilizó de este “hackeo ciberfascista” a MCM, Leopoldo López y Lester Toledo.

La secuencia de declaraciones del oficialismo, la presentación de un primer boletín donde se aseguró que estaba totalizado el 80% de las actas de las mesas y las denuncias de un hackeo internacional, causaron asombro. Reflejó una puesta en escena preparada con antelación. Sin embargo, lo que no previó el gobierno fue la masiva participación de la ciudadanía, que evidenció una voluntad popular firme e inocultable en su anhelo de cambio político. Las encuestas a boca de urna habían ya revelado una amplia victoria para González Urrutia, confirmando la tendencia ya conocida en las semanas previas por las encuestas más serias del país y el exterior. La encuestadora Delphos mostraba en sus mediciones que, a más participación, más sería la brecha de diferencia en votos entre González Urrutia y Maduro. También fueron sorprendidos por la estrategia opositora de recoger y cargar en su propio dominio de Internet una base de datos con las actas recogidas por testigos de mesa. Estos dos elementos estropearon el espectáculo del oficialismo y mostraron en tiempo real el desarrollo de un fraude.

Aclaremos. El sistema de votación en Venezuela es automatizado. El ciudadano se presenta en su mesa, muestra su cédula de identidad, coloca su pulgar derecho en un captahuella y procede al lugar donde está la máquina de votación. Vota en ella y la máquina emite un papel impreso, una papeleta donde puede comprobar su voto. Esa papeleta la deposita en una urna de resguardo. El sistema automatizado del CNE, al cerrarse cada mesa, siempre después de las 6.00 pm que es la hora oficial de cierre, y antes de enviar a la Sala de Totalización la data, emite un acta impresa del resultado de la mesa, a la cual tienen acceso y copia, por ley, los miembros y testigos de mesa. También se hace una auditoría a las urnas esa misma noche, abriéndose por sorteo en cada centro un número de ellas, dependiendo del número de mesas que hay en cada centro. Si es una pues esa se abre para la auditoría. De manera que, previendo lo que pudiera suceder, los testigos de la oposición se movieron para garantizar su acceso a la data, la cual comenzó a ser enviada al comando de campaña de González Urrutia. Fue así que, MCM a los pocos minutos después del anuncio oficial de Amoroso, asegurando contar ya con un 30% de las actas proporcionadas por los testigos, rechazó los resultados oficiales del CNE y denunció un masivo fraude electoral. MCM dio por ganador a Edmundo González Urrutia. Otra declaración de la oposición pocos minutos después se dio en Miami con la misma información. Entonces comenzaron en Caracas los cacerolazos y la gente procedió a tomar las calles en claro repudio al resultado electoral.

Aunque la PUD y sus líderes no llamaron a protestar en rechazo al fraude, en esas horas tempranas del 29 de julio, cientos de personas salieron de sus casas y tomaron las calles para protestar los resultados oficiales. En la mañana ya serían miles en Caracas y otras zonas urbanas del país, mayoritariamente de barrios populares del oeste y este de la ciudad. En el barrio popular de Petare en Caracas, uno de los de mayor población de América Latina, las personas bajaron a la plaza y de ahí tomaron la avenida Francisco de Miranda, una arteria principal de la ciudad, camino al centro de Caracas, asiento del CNE y el Palacios de Miraflores. A la altura del municipio Chacao fueron repelidos por las fuerzas de seguridad con perdigones y gases lacrimógenas. 

En el oeste, las también populosas barriadas en Catia, y las más aledañas al Palacio Presidencial de Miraflores, que hasta hacía poco fueron enclaves del chavismo, emprendieron cacerolazos y protestas. Pero, sufrieron una represión diferente. En madrugada, en las cercanías de Miraflores, por Puente Llaguno, llegaron paramilitares, es decir, los llamados “colectivos armados”, que parecieron funcionar como primer frente de represión del gobierno contra los civiles. Usando pasamontañas y portando armas largas y cortas, entraban a los edificios buscando miembros y testigos de mesa a quienes se los llevaban, sin orden de detención y a veces a golpes. La Policía Nacional Bolivariana los dejaba actuar sin intervenir. En la mañana, los colectivos volvieron en mayor número y tomaron los edificios del centro de la ciudad, obligando a las personas a mantenerse en sus casas. Una protesta estudiantil fue reprimida a punta de golpizas y patadas a los jóvenes. En la parroquia Caricuao al extremo oeste de Caracas, también de sectores pobres, una nutrida protesta pacífica que se dirigía al centro de Caracas, fue bloqueada por la PNB. Denuncias e imágenes de esta represión violenta se dieron desde las redes sociales por todo el país. Reportes de protestas llegaban de ciudades de los estados Mérida, Aragua, Anzoátegui. Una semana después, las protestas continuaban en Caracas y otras ciudades, y muchos comercios y otros negocios seguían sin abrir, mientras la gente escasamente deambulaba por las calles, y las noches eran de silencio con esporádicos cacerolazos de repudio al CNE y al régimen.

4. Acciones posteriores

Los resultados electorales del CNE arriba señalados, fueron presentados por el rector Amoroso la noche del 28, sin respaldo alguno. Desde ese mismo día está caída la página oficial del CNE y permanece así hasta la fecha de cierre de este artículo, 8 de agosto. Es algo inédito porque impide tener información desglosada de los resultados. Amoroso, si bien aseveró que correspondían al 80% de las actas escrutadas y que el resultado era “irreversible”, no produjo evidencia alguna de eso. Dos días después, sin cumplir con la totalización de los votos obligada por ley, procedió precipitadamente a proclamar a Maduro como presidente reelecto para el período 2025-2031.

El día 29 en la tarde, la PUD, por su parte, convocó una rueda de prensa con el candidato González Urrutia y MCM. Allí afirmaron poseer ya un 73,2% del total de las actas electorales recogidas por los testigos de mesa. Presentaron los siguientes resultados: 

-Edmundo González Urrutia 6,275.182 votos, el 67% de los votos válidos

-Nicolás Maduro 2,759.256 votos, el 29%. 

La brecha sería de 38 puntos porcentuales entre ambos candidatos. Reconocieron a González Urrutia como el presidente electo. También invitaron a la ciudadanía a revisar las actas en un enlace que proporcionaron, pero el día viernes 2 de agosto, tras varios saboteos a ese link, dieron acceso público directamente a la base de datos que habían elaborado. Todo ciudadano puede revisar las actas y los resultados discriminados hasta el nivel más bajo, que es el resultado en una mesa. Para entonces ya contaba la página con el 81% de actas escrutadas, y González Urrutia seguía ganando holgadamente con el 67% de los votos, versus Maduro con 30%, una brecha de 37 puntos porcentuales.

«El gobierno se niega a reconocer su derrota, así como a negociar su salida, que sería lo que corresponde»

Como ya se señaló, la evidencia del fraude desencadenó una ola de protestas en todo el territorio nacional, respondida por el gobierno con una represión feroz. En las primeras horas se contabilizaron unas 300 manifestaciones de repudio a los resultados oficiales. Y una semana después el Foro Penal registró 998 personas detenidas, de los cuales 91 eran menores de edad. Las cifras oficiales elevaban el número de detenidos a 2.000. El Monitor de Víctimas contabilizó 20 ejecuciones. Maduro anunció la construcción de dos nuevos recintos penales de alta seguridad para albergar a los terroristas fascistas que, por protestar pacíficamente en rechazo a los resultados oficiales, estaban sembrando la violencia e inestabilidad en el país. Acusó directamente a MCM, junto a otros opositores de haber hackeado la noche del 28 de julio la transmisión de la data de totalización, alterando los resultados para dar vencedor a González Urrutia. 

El Centro Carter, que fue invitado por el gobierno a hacer observación electoral, salió el mismo lunes 29 del país y ya desde EEUU denunció la falta de condiciones democráticas que caracterizaron el escrutinio. Con énfasis señaló que un hackeo al sistema cibernético del CNE era “prácticamente imposible” y concordó con los opositores en que se habían alterado los resultados para dar ganador a Maduro.

Así, a lo largo de la semana siguiente, y hasta terminar este registro de eventos el 8 de agosto, una creciente secuencia de pronunciamientos nacionales e internacionales en rechazo a los resultados difundidos por el CNE, fueron saliendo a la luz pública. El foco ha estado dirigido a la necesidad de que el gobierno de Maduro corrobore su triunfo mostrando las actas que soportan los números que ha presentado como resultados de la votación del 28 de julio. Son muchos estos pronunciamientos, entre los que destacan por el peso de sus signatarios en el escenario regional e internacional, un comunicado conjunto de las cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, en la víspera de las votaciones, donde demandaron un conteo transparente de los votos, que permitiese la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos. Por este comunicado Maduro expulsó a los cuerpos diplomáticos de esos países del país, acusándolos de injerencistas. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, también se pronunció el 30 de julio señalando que Venezuela pasaba por un momento crítico e instó a las autoridades “a respetar los derechos de todos los venezolanos a reunirse y protestar pacíficamente y a expresar sus opiniones libremente y sin miedo”. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, afirmó el día 31 que la UE no podría reconocer los resultados de las elecciones hasta no tener un escrutinio completo y «verificado de manera independiente».  Desde el lunes 30 mismo, el gobierno de EEUU ha hecho varias declaraciones a través de Antony Blinken, el Secretario de Estado, y otros funcionarios. Así ha continuado creciendo día a día la presión internacional para que muestre las actas que soporten los números oficiales, pero ha sido en vano. El 6 de agosto, el gobierno de Panamá informó que estaba en conversaciones con sus homólogos para convocar a una reunión de presidentes de la región para discutir la situación de Venezuela, y qué acciones pudiesen tomarse.

Igualmente, impulsados por el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula Da Silva, los gobiernos de Colombia y México, como gobiernos de izquierda y cercanos al gobierno venezolano, vienen jugando un rol activo de diálogo con Maduro en la búsqueda de alguna propuesta capaz de crear las condiciones para superar la aguda crisis política-institucional y abrir el país hacia un proceso de transición democrática. De acuerdo con Celso Amorín, excanciller brasileño y la persona que llegó a Caracas para representar a Lula durante estos comicios presidenciales: “Me temo mucho que puede haber un conflicto muy grave. No quiero usar la expresión guerra civil, pero temo mucho”, dijo.

5. Conclusión y comentarios finales

La ciudadanía venezolana votó abrumadoramente el 28J, dando su apoyo al candidato Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática. Las actas recogidas por los testigos de mesa, partidos políticos opositores, observadores nacionales y ciudadanos de a pie, quienes esa noche y los días siguientes enviaron actas al comando de la PUD, que ya representan más del 90% del total emitido esa noche por las máquinas, lo corrobora sin dudas. El Centro Carter, único observador internacional independiente, fue contundente en su informe de que las elecciones no cumplieron con los requisitos democráticos básicos, y el sistema computarizado de transmisión de la data es casi imposible de ser hackeado. La negativa del CNE de presentar sus cifras desglosadas y respaldadas por las actas que esa noche llegaron a la Sala de Totalización, más su acción de solicitar un amparo al Tribunal Supremo de Justicia para evitar tener que hacerlas públicas, prácticamente lo delata. El rector Amoroso no tiene cómo darle soporte a las cifras de los dos boletines que ha emitido ese órgano del Poder Electoral. Los resultados recogidos por la organización del comando de campaña de González Urrutia, con base en las actas recogidas por la ciudadanía están en una página web de libre acceso para quien quiera verlas. Es así de claro.

La comunidad democrática internacional está ya convencida que los números dados como resultados oficiales por Amoroso son falsos. Y que parece evidente que el gobierno se preparó con antelación para consumar un fraude si los números les eran adversos. Esa misma tarde, quienes estaban comprometidos en el plan, lo activaron con sus narrativas triunfalistas antes del escrutinio. Sin embargo, no contaron con dos hechos: la masiva participación ciudadana que puso a la vista de todos, la abrumadora mayoría con la que contaba la oferta política del cambio, y las previsiones tomadas por la oposición, que evaluaron esa posibilidad de fraude y se movieron con inteligencia y sigilo para denunciarla cuanto antes. Si la gente no hubiera salido en esas magnitudes, y si la PUD no hubiera creado una infraestructura para la eficiente recolección, transmisión y totalización de las actas, paralela a la del CNE controlada férreamente por Amoroso, quien no es más que un cuadro de absoluta lealtad a Maduro, seguramente muchos en la comunidad internacional aún tendrían dudas.

Otro hecho salta a la vista, el gobierno se niega a reconocer su derrota, así como a negociar su salida, que sería lo que corresponde. No existen declaraciones distintas a la mentira de su triunfo. Su negativa ha venido acompañada del desarrollo de una represión al margen de los derechos humanos más elementales de la población, así como de la constitución y las leyes de la nación. Tampoco a la fecha ha aceptado ninguna negociación que no sea la que garantice su permanencia. Esto coloca a la sociedad frente a escenarios muy difíciles y adversos pues, si bien contamos con un resultado diáfano de triunfo, una ciudadanía empoderada, y se tiene un apoyo sin precedentes de la comunidad democrática internacional, lo cierto es que, hasta la fecha los altos mandos militares han explícitamente apoyado a Maduro, es decir, al fraude. Siendo así, los escenarios inevitables parecen ser los violentos. 

Por ello, la dirección política opositora sigue buscando afanosamente que el régimen y los militares entren en razón. De allí los pronunciamientos casi diarios de González Urrutia y MCM expresando su voluntad de diálogo con el gobierno de Maduro para resolver el conflicto y con la Fuerza Armada Nacional para que actúe apegada a la Constitución, las leyes y sus funciones institucionales de guardianes de la soberanía popular.

La comunidad internacional, por su parte, particularmente los gobiernos de izquierda de Brasil, Colombia y en menor medida México, también se han activado en busca de una resolución negociada que desactive el conflicto violento. EEUU ha dejado a Brasil tomar las iniciativas y, en general, está actuando en consulta con los países de la región. En contraste, hasta ahora, los socios internacionales de Maduro lo han felicitado y apoyado en su voluntad de continuar en el poder. 

Este panorama sombrío, que nos acerca al modelo neopatrimonial y sultánico de Nicaragua, bajo el gobierno de la pareja Ortega Murillo, es hoy una posibilidad real. Sin embargo, aún parecen haber fuerzas nacionales e internacionales dispuestas a conjurarla, esmerándose por encontrar una salida que desactive la máquina del terror sicológico, la violencia política y criminal y la miseria socioeconómica. Pero, para ello es necesario estrategias y tácticas de resistencia y lucha, que tengan como objetivo debilitar hasta fracturar los actores de la coalición dominante de Maduro.

Muchos desafíos tenemos las venezolanas/os en las próximas semanas y meses. La participación activa de la ciudadanía que este año vimos crecer y empoderarse, debe continuar para cuajar en un fuerte movimiento social prodemocrático, que respalde una dirección y liderazgo político unido y coherente en su búsqueda de una salida pacífica a la crisis. Resiliencia, resistencia y lucha es lo que toca a los ciudadanos, por caminos más soterrados y ocultos que la confrontación directa. 

La dirección política, exitosa en esta fase electoral, y que pasa ahora a una situación de mayores riesgos, por la escalada de represión acometida por el gobierno y sus cuerpos formales e informales armados, debe crecer ante tanta adversidad y encontrar acciones de resistencia y lucha que mantengan activa a la ciudadanía, mientras informan y presionan a la comunidad internacional a no descuidar el combate que por el sistema de la democracia liberal representativa y sus valores y principios hoy se libra en Venezuela. El conflicto venezolano es complejo por los innumerables intereses que han terminado por disputar su dominio en este país de América Latina.

Venezuela, con una amplia costa sobre el mar Caribe, es puerta de entrada a la América del Sur, una vasta región abundante de recursos naturales y poblaciones educadas, apetecible, como siempre por las potencias imperiales del siglo XXI. Venezuela en particular, es geopolíticamente privilegiada, al estar a cuatro horas del estado de Florida de EE.UU. Podría jugar el rol conflictivo que jugó Cuba el siglo pasado, pero con bastante más recursos para amenazar la seguridad de ese país. Es un show case, una vitrina para evaluar cuál podría ser el desenlace en los próximos años en la confrontación entre un mundo occidental con valores democráticos y liberales versus un bloque de autocracias emergentes, que pretenden vender sus sistemas de dominación como más “democráticos” o más eficientes que los de Occidente. Venezuela tiene reservas cuantiosas de petróleo, oro, coltán y otros minerales. Reservas de agua y gas, energía solar y vastos territorios sin poblar. Por ella cruzan las rutas del narcotráfico y otros negocios ilegales. Es por ello, que está en el mejor interés de los países occidentales no dejar que continúe en manos de un régimen sin escrúpulos, delincuente y capaz de subordinarse a las autocracias emergentes, en particular a Rusia e Irán, con tal de perpetuarse en el poder.