Venezuela suma dos décadas de censura y sin acceso a datos oficiales

En Venezuela, la información oficial sobre el procesamiento y la producción petrolera en las principales refinerías es ahora “clasificada”. “No la puedo decir”, dijo el ministro de Petróleo y presidente de la estatal Pdvsa, Pedro Rafael Tellechea, a los medios en un evento con industriales, en los últimos días de mayo.

También se negó a decir cuáles son las empresas extranjeras que están solicitando licencia de EEUU para negociar con la casa matriz. “Es una cuestión clasificada”, reiteró. “No sería ético, a pesar de yo saber cuáles son las que están haciendo ese trámite”. 

La restricción de información pública que se traduce en las frases “no te puedo decir” o “no sería ético informar” del alto funcionario  es “inaceptable” e “indica una concepción de la gestión pública reñida con la democracia y con el Estado de Derecho donde debe privar la transparencia y la garantía de derechos humanos”, señaló Transparencia Venezuela al comentar por sus redes esta modalidad de censura que, en realidad, no es única.  

En 2004, Venezuela se quedó por primera vez sin acceso a la estadística oficial sobre violencia, el principal problema que comenzaba a afectar al país inmerso entre la polarización política y la creciente represión policial contra opositores que la ha afectado por años.

El gobierno de Hugo Chávez prohibió suministrar información sobre la ocurrencia de homicidios y otros delitos a los medios de comunicación, a investigadores, a organismos internacionales. También eliminaron de la página web oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) los registros acumulados relativos a seguridad. 

“Borraron todo y solo dejaron la data sobre suicidio de 2003, hasta que unos años después de 2008, cuando este hecho comenzó a ser un  problema, eliminaron toda la información”, recordó el sociólogo Roberto Briceño-León, investigador y director del Observatorio Venezolano de Violencia que desde 2005 monitorea y rescata, con el apoyo de una red de voluntarios, la violencia en 15 estados.  “Ahora esos voluntarios son los ojos y oídos en el país”, advirtió.

Dos años y medio más tarde, en 2007, el gobierno de Chávez también impuso el silencio sobre las epidemias que reaparecían en el país después de mucho tiempo. La publicación de los boletines epidemiológicos que el  Ministerio de Salud difundía oficialmente desde 1938, se interrumpió hasta que la última semana de 2016 cesó definitivamente. 

“El ministro alegó que no daba información porque eso angustiaba a la gente, que qué iba a hacer la gente con eso”, recuerda el médico pediatra Huníades Urbina, presidente de la Academia Nacional de Medicina.

La última publicación, se supone que accidental, en febrero de 2017  contenía data de salud pública en emergencia y le costó el cargo a la entonces ministra de Salud, Antonieta Caporale.  

Desde entonces, médicos investigadores se enteran de la situación del sarampión, malaria o la difteria a través de datos que difunde la OPS/OMS y que el gobierno les da, o de la vía “boca a boca”,  mientras se agrava la situación de la atención médica. 

“No publicar es una forma de opacar la ineficiencia de este sistema de salud que está quebrado. Necesitamos la publicación para saber de qué nos enfermamos y de qué vamos a morir los venezolanos”, expresó Urbina, quien relató que cuando ingresan a páginas web oficiales “dicen el Estado no suministra información”.  

La censura como política 

Desde entonces, no existe información oficial confiable para diseñar políticas que garanticen la seguridad a los ciudadanos ni la investigación en centros científicos ni universidades, y solo se dispone de la versión que se construye desde el poder, sostienen investigadores.

En 2007 también el gobierno empujó al canal Radio Caracas Televisión RCTV,  fundado el 15 de noviembre de 1953, al cese definitivo de sus transmisiones al negarle la renovación de la concesión para sus operaciones,  el  27 de mayo de 2007.

Más tarde, unos 408 medios de comunicación cerraron en los últimos 20 años como resultado de un largo proceso de clausura de espacios de información y de libre ejercicio del periodismo. Los mayores afectados han sido las emisoras de radio, según la ONG Espacio Público en su informe anual 2023.

 “En Venezuela se instauró la política de la censura, mientras en todos los países de América Latina, salvo Cuba que yo sepa, esas estadísticas son de libre acceso”, precisó Briceño-León. 

A esta prohibición sobre los datos públicos sobrevinieron otras año tras año,  y el país caminó a ciegas. 

En 2013, el Banco Central dejó de publicar cifras oficiales del PIB, inflación, el Índice Nacional de Precios al Consumidor; y por esa fecha también el ministerio de Educación dejó de mostrar información confiable sobre la población escolar.

En los años siguientes la omisión de estadísticas abarcó otros despachos y servicios clave como el del Servicio Eléctrico Nacional, lo que ha obstaculizado el desarrollo de investigaciones.

“Hay un problema de estadística entre 2015 y 2016 sobre capacidad de hospitales”, manifestó el profesor Mario Buffone, en una reciente entrevista, quien por iniciativa propia ha levantado su propia investigación.  

“Cuando la información está en un portal o en un anuario estadístico, como está en Brasil, la sociedad la conoce y la puede discutir. Pero aquí en Venezuela, lo que hay es silencio»

Y a esto se une la falta de fidelidad en materia legislativa y en los datos del registro civil y electoral, en algunos casos por corrupción.

El vacío de estadística oficial abarca información poblacional. Solo existen proyecciones desde que se realizó el último censo nacional en 2011, y con grandes deficiencias. Esto evidencia que Venezuela es cada vez menos libre.  

“La falta de data es en sí la pérdida de libertad, de estar informado y de estar atentos a la violenta. Lo que sucede es que uno tiene que trabajar con libertad y con seguridad, porque al final solo la libertad hace segura la seguridad”, sostuvo Briceño-León, especialista en el tema social. 

Cómo comenzó la censura sobre violencia 

En 2004, cuando investigadores de ciencias sociales, entre quienes se encontraba Briceño-León, publicaron la estadística comparativa sobre homicidios ocurridos en 2003, observaron que “el incremento era altísimo”. 

La tasa de muertes violentas en 1998 cuando Hugo Chávez asumió el poder era de 19.5 con 4.550 homicidios, mientras que en 2003 fue de 44, con 11.342. “Ese fue un año políticamente convulso”, precisó Briceño-León 

Las restricciones informativas no tardaron en llegar. Entre 2004 y 2005, organismos de seguridad del régimen clausuraron, sin previo aviso, sus oficinas de prensa y dejaron a los medios sin acceso a la información, según periodistas de la época. 

“La cobertura de sucesos se limitó a conferencias de prensa de jefes policiales, en casos excepcionales”, dijeron. 

Los cuerpos policiales tampoco atendieron requerimientos ni comunicaciones de las universidades. Además, se impuso la adopción de dos categorías delictivas, inexistentes en la ley penal, para borrar la percepción de incremento de la inseguridad. “Intentaron modificar y fragmentar delitos”, rememoró el investigador. 

La censura llegó incluso a lo interno de oficinas públicas.

“Hubo un proceso de negación sostenida, incluso generada por la propia Presidencia de la República, con dos directrices: uno, decir que la violencia era heredada de gobiernos anteriores, y otro que era un problema mundial. Con esos argumentos se buscaba construir una historia oficial. No se da información real y verdadera, sino la que quieren decir las autoridades. Así, se buscó alterar la percepción”, explicó el investigador y autor de libros sobre la violencia in crescendo en Venezuela y América Latina. 

El mutis se acrecienta

Con el tiempo, la proporción de la censura en Venezuela ha sido tremenda.  

Un reciente estudio de la ONG Acceso a la Justicia estableció que al menos 43 números de la Gaceta Oficial, diario del Estado que valida y da vigencia legal a leyes y actos del Ejecutivo, no han sido publicados desde 2021 por el organismo correspondiente.

A esta práctica que “se ha venido agravando” o se hace con retraso, se agrega que al menos 28% de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y luego promulgadas no fueron publicadas en la Gaceta Oficial, a pesar de que la publicación es una obligación constitucional para la vigencia. 

Entre estos textos legislativos está la Ley de Presupuesto para 2024 y la Ley de Endeudamiento Anual, sancionadas en diciembre de 2023. 

Por ello, leyes y acuerdos legislativos, decretos y resoluciones ejecutivos no pueden revisarse. “En la actualidad esto no siempre es posible pues no todas las ediciones del diario oficial están disponibles (…) La abrumadora mayoría de las ediciones que están perdidas son extraordinarias, aunque también al menos dos son ordinarias y su contenido se desconoce”, indicó la ONG. 

A pesar de la censura y de la información poco confiable, las ONG y universidades, apoyadas en las comunidades, procuran levantar data en defensa del derecho a la información. 

Cuando se impuso la censura en la estadística de violencia, surgió el Observatorio Venezolano de Violencia, una alianza de investigadores universitarios que buscan resolver de manera científica tener acceso a la información que se le niega a la sociedad, dice Briceño-León 

“Cuando la información está en un portal o en un anuario estadístico, como está en Brasil, la sociedad la conoce y la puede discutir. Pero aquí en Venezuela, lo que hay es silencio. 

Frente a eso, sin embargo, las universidades “asumen la voz de la verdad” y de las víctimas, con innovación metodológica creada en el país, con medios y alianzas. 

Así, han logrado determinar, por ejemplo, que el delito en general se ha reducido “de una manera importante”, debido a la migración y a que “ya el delincuente no tiene a quién robar”. Esto, a pesar de que 40% de las víctimas opta por no denunciar.

También Urbina se propone desde la Academia de Medicina “propiciar un acercamiento con las autoridades de salud”, dado que por la ley que la rige “somos asesores” de los gobiernos en materia de salud pública nacional.

“Esto no ha sido posible en 25 años, sobre todo en la última década, pero consideramos que la renovación de autoridades en la Academia puede ser una oportunidad para hacerles entender que hay que cambiar la política de salud y que hay que trabajar de forma acompasada”.