Mariano de Alba: “La comunidad internacional no es ni será capaz de frenar el autoritarismo en Venezuela”

–¿Cómo describiría el momento que atraviesa la democracia en América Latina? 

-Es evidente que estamos en un periodo de recesión de la democracia. Diversas mediciones recientes apuntan a que la mayoría de los países de la región han experimentado un declive importante en el respeto a los derechos civiles y políticos, y en el cumplimiento de las garantías democráticas. En América Latina estamos ante un doble problema: por un lado, en los países autoritarios de la región, esa tendencia tiende a consolidarse, mientras que en los países que cuentan con sistemas democráticos, la calidad de esa democracia está decayendo.

Los problemas son diversos y van mucho más allá de falta de condiciones electorales o desconocimiento de resultados. El auge de las redes sociales no está contribuyendo a generar un debate constructivo para resolver los problemas que afectan a las grandes mayorías, pero sí para impulsar el populismo y posiciones más emocionales que racionales. 

A esto hay que agregarle un problema muy preocupante: el creciente rol de actores internacionales que se inmiscuyen en los asuntos internos de otros países para tomar partido por una determinada facción política. Por último, también destacaría a la corrupción como un problema que está afectando a la democracia, especialmente porque la ciudadanía cada vez es más escéptica de la democracia como modelo ya que percibe que esta no logra mejorar su calidad de vida. Más bien, la percepción es que ciertas élites llegan democráticamente al poder para beneficiarse personal y políticamente.

–La democracia en América Latina tiene, al menos, tres heridas abiertas: Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, también se encienden las alarmas por la actuación de Nayib Bukele en El Salvador y es un enigma qué pasará con Javier Milei en Argentina. ¿Queda confirmado que el autoritarismo no es un tema de ideologías?

-Si revisamos la historia del siglo XX, es evidente que el autoritarismo no es un asunto de ideologías. El autoritarismo en Latinoamérica, y especialmente el de Venezuela, no fue un hecho que ocurrió de un día para otro. Más bien el país experimentó un deterioro progresivo y acentuado de sus garantías democráticas, empezando por el sistema de pesos y contrapesos dado el creciente control político sobre los poderes Judicial y Electoral y otras instancias, pero también el debilitamiento de la prensa y el derecho a la libertad de expresión. 

Las alarmas que se encienden en El Salvador y Argentina están justificadas. Es cierto que la política de seguridad de Bukele por ahora ha tenido éxito, pero a estas alturas se desconoce qué tan sostenible será en el tiempo y si eventualmente las pandillas recobrarán su fuerza. Mientras, el país ha experimentado un debilitamiento importante de sus garantías democráticas, como lo dejó claro la falta de transparencia y claridad sobre los resultados de las recientes elecciones legislativas. Ahora, aquí volvemos a un fenómeno en auge en la región, especialmente entre los más jóvenes: con tal de que haya resultados concretos en la calidad de vida, una parte importante de la población se muestra indiferente sobre si eso se consigue con métodos autoritarios. En el caso de Argentina, todavía es muy pronto para llegar a conclusiones definitivas, en buena parte porque todavía es un país con una institucionalidad mucho más robusta que El Salvador.

«Los ciudadanos de esta región también tenemos que ser conscientes de que el autoritarismo no es garantía de resultados económicos positivos»

Un elemento clave de los sistemas democráticos es la posibilidad de que la sociedad sea representada por distintos partidos políticos. En América Latina hemos experimentado un deterioro importante de los partidos políticos, que cada vez se perciben menos como instancias representativas del sentir y necesidades de la sociedad, sino como organizaciones que responden a los intereses de unas élites. 

Un fenómeno creciente y preocupante en nuestra región es que los propios partidos políticos, llamados a ser semillas del sistema democrático, están actuando internamente con menor transparencia y democracia. El liderazgo no puede imponerse. En un sistema democrático, está llamado a convencer a la ciudadanía y la democracia es fuerte en la medida en que distintos partidos políticos son capaces de actuar democráticamente y construir consensos con otros partidos. 

Es urgente y profunda la tarea pendiente de la región en este sentido, donde en los últimos años, y quizás Hugo Chávez fue el caso paradigmático, hemos visto un auge de líderes que, arrogándose la encarnación de una representación popular, imponen, pero no convencen.

–El caso reciente del Ecuador dejó en evidencia hasta qué punto el crimen organizado puede poner en jaque a la democracia en la región. A su juicio, ¿cuáles son las principales amenazas que en la actualidad enfrenta la democracia en América Latina?

-Si toca destacar tres, serían las siguientes. Primero, la debilidad de nuestras instituciones y la falta de visión de Estado. El respeto de un sistema de pesos y contrapesos es fundamental para que exista la democracia y que ésta goce de buena salud. Todavía nos falta un buen camino por recorrer en la construcción de instituciones independientes y capacitadas para resolver los problemas de la ciudadanía, evitando ser el instrumento de un partido o de un grupo determinado que disfruta de poder. 

Segundo, me preocupa mucho el debilitamiento de la libertad de expresión y los espacios para el debate constructivo y respetuoso. Para que la democracia funcione es crucial tener la capacidad de construir consensos con quienes piensan distinto. El populismo, aunque no es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, creo que nos está haciendo mucho daño. El objetivo de muchos políticos ya no es construir soluciones, sino hacerse con el poder para enriquecerse cuando logran obtenerlo y para ello son capaces de prometer espejismos. 

En último lugar, destacaría la corrupción y el debilitamiento de los partidos políticos. Parte de la razón del auge del crimen organizado en Latinoamérica es lo fácil que encuentran estas organizaciones corromper a funcionarios públicos, autoridades que más bien estaban llamadas a combatir el crimen. Y en el caso de los partidos políticos, son instancias que se están debilitando: la ciudadanía está más pendiente de lo que dice un líder específico que una organización que llega a unas conclusiones y define un curso de acción luego de una deliberación. Así es mucho más difícil que la sociedad avance en conjunto.

– Parece que en América Latina abundan los líderes fuertes y las instituciones débiles. ¿Qué se debe hacer para controlar a los primeros y fortalecer a las segundas?

-Para controlar a los líderes fuertes, justamente hacen falta instituciones fuertes. Ahora bien, en la medida en que la población perciba que los líderes fuertes consiguen resultados concretos en la mejora de la calidad de vida de la población, es mucho más difícil controlarlos. Hay otro elemento que ya mencioné, pero que conviene desarrollar más: la visión de Estado. En la inmensa mayoría de la región, estamos acostumbrados a que cuando un nuevo gobierno llega al poder, empieza de cero. Consideran que tienen un lienzo en blanco para adelantar su proyecto. Eso es un gravísimo error. Quizás el único país de la región que lo ha logrado mediante un éxito sostenido ha sido Chile. 

Es imposible el desarrollo de una nación y conseguir resultados si cada cuatro, cinco o seis años se concreta un cambio y se empieza de cero. Las sociedades latinoamericanas deben ser capaces de fijarse metas a mediano y largo plazo y no descarrilarse por un cambio político. Para fortalecer a las instituciones es clave construir una mayor participación cívica, lograr resultados en la educación de la población y en la especialización y buena remuneración de los funcionarios públicos. 

Los ciudadanos deben poder confiar en las instituciones y eso sólo se logra con transparencia, y cuando la ciudadanía percibe que las instituciones están al servicio de la ciudadanía y que siempre tratan de actuar dentro de un Estado de Derecho y con la intención de proteger el interés público.

–Aunque se firman cartas democráticas, la región carece de una institucionalidad que intervenga de manera eficiente para salvaguardar las libertades en América Latina. ¿Cómo avanzar en ese sentido con gobiernos que se muestran tan celosos de su independencia y autonomía?

-Ciertamente luce muy difícil en este momento. Va a requerir un entendimiento por parte de los gobiernos de la región sobre la utilidad de esa institucionalidad, lo que podría ser producto de una mayor presión por parte de las sociedades latinoamericanas en ese sentido. 

La tendencia reciente es que el interés por una institucionalidad cuyo objetivo sea salvaguardar las libertades, es francamente mínima. Por ende, podría tener sentido empezar por cuestiones con mayor impacto en la vida de los ciudadanos de la región. Por ejemplo, una institucionalidad para que la región pueda responder mancomunadamente a enfermedades o una nueva pandemia, incluso también para presentar un frente común sobre cómo abordar el cambio climático. 

Por otro lado, creo que, dado el colapso de la institucionalidad regional, convendría hacer un esfuerzo para repensar cuáles son los compromisos internacionales que los países de la región realmente están dispuestos a asumir y avanzar en ellos. Es evidente que sobre una inmensa mayoría de los compromisos que se asumieron en el siglo XX y comienzos del siglo XXI, realmente no había disposición a respetarlos y cumplirlos. Se firmó con poco sentido de responsabilidad, más bien como un saludo a la bandera. Eso nunca funciona y requiere madurez y visión de Estado de los gobiernos.

–Centrándonos en el caso de Venezuela: Los presidentes Petro y Lula, así como el exmandatario Mujica de Uruguay, han cuestionado la decisión del régimen de Maduro de impedir la postulación de la candidata de la oposición. ¿Cómo interpreta esas declaraciones? ¿El recrudecimiento del autoritarismo puede quebrar esas alianzas políticas?

-Naturalmente que son declaraciones positivas ante atropellos muy evidentes, incluso de compromisos específicos que el propio gobierno de Venezuela firmó hace pocos meses en Barbados. Ahora bien, es evidente que las declaraciones por sí solas no van a lograr nada. 

Los gobiernos de Brasil y Colombia deben aprovechar el acceso y atención que tienen con el gobierno venezolano para tratar de convencerlo de que permita unas elecciones competitivas que puedan ser reconocidas por la región. Pero, al mismo tiempo, podrían servir de puente para escuchar y transmitir los intereses del chavismo al resto de la comunidad internacional, ayudando a construir una solución negociada al conflicto venezolano. 

Soy escéptico sobre si el recrudecimiento del autoritarismo puede quebrar esas alianzas políticas porque creo que, dada la experiencia reciente en Venezuela, incluso si el gobierno de Maduro logra imponerse en la elección presidencial, habrá una inercia importante a reconocerlo como presidente y seguir trabajando con él por el control que ejerce del poder. Al final del día, Colombia y Brasil, pero también otros países occidentales tienen sus intereses particulares y los buscarán defender, incluso por encima de lo que puedan ser los intereses de los venezolanos.

–Frente a los atropellos de Maduro, siempre se habla de la reacción de la comunidad internacional. Sin embargo, ya se ha demostrado que esa comunidad internacional no ha podido frenar el autoritarismo chavista. ¿Qué puede esperarse de los gobiernos de la región, hasta dónde pueden llegar para contribuir con la transición en Venezuela?

-A partir del año 2016, aproximadamente, la oposición venezolana, erradamente, comenzó a construir una narrativa de que la comunidad internacional iba a poder resolver el grave problema que viene viviendo Venezuela. Todavía hoy hay una excesiva tendencia a esperar mucho de la comunidad internacional, que efectivamente no es ni será capaz de frenar el autoritarismo en el país. Es una tarea que le corresponde fundamentalmente a los venezolanos. 

Es cierto que la comunidad internacional influye, pero mucho menos de lo que algunos piensan. Conforme a las herramientas y limitada infraestructura con la que cuentan, lo que puede esperarse de los gobiernos de la región es que no sólo adopten una posición en defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que busquen mecanismos para que eso pueda volver a ser una realidad en Venezuela. Esos mecanismos son limitados, y básicamente se limitan a labores diplomáticas donde es fundamental tener una relación, escuchar y estudiar cómo convencer al gobierno, que es uno de los actores del conflicto. 

–Todos los estudios coinciden en destacar que América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. ¿Puede la democracia sobrevivir en medio de la pobreza de los ciudadanos?

-Cada vez será más difícil para la democracia sobrevivir si no es capaz de resolver los principales problemas que afrontan los ciudadanos, y entre esos problemas siempre está entre los primeros lugares la situación económica. Ahora bien, los ciudadanos de esta región también tenemos que ser conscientes de que el autoritarismo no es garantía de resultados económicos positivos. Más bien hay que mirar casos recientes como el de El Salvador. Ahora que ha logrado controlar la situación de seguridad, la economía de ese país es el gran reto y dolor de cabeza del gobierno de Bukele. 

La región y sus ciudadanos deben lograr aceptar que en la medida en que un país tenga una democracia fuerte donde haya un Estado de Derecho claro, más probable será atraer inversión nacional e internacional, que es lo que finalmente genera puestos de trabajo y puede contribuir a reducir la desigualdad. No se puede descartar otro ciclo de las materias primas donde los ingresos estatales sean muy potentes, pero no es algo que se avizora en el corto y mediano plazo. Así que la inversión privada es fundamental y eso es algo que han terminado de entender, con sus bemoles, incluso regímenes autoritarios como el de Venezuela.